¿OBJETAR A QUE APRENDAN A COMPORTARSE COMO CIUDADANOS?

La Junta de Castilla y León (PP) no iba a ser menos y también se ha sumado a la campaña para acabar con la asignatura de "Educación para la Ciudadanía" a través de la objeción de conciencia familiar. En una reciente circular enviada a los Institutos de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, Emilio Gutiérrez, Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Junta, da por hecho que los padres pueden oponerse a que se imparta a sus hijos la antedicha asignatura y obliga al profesor de guardia o al encargado de la biblioteca a que les atienda durante los periodos en que sus compañeros reciben estas clases.
El cometido del profesor de guardia es atender al alumnado en el caso de que un compañero falte (enfermedad, algún tipo de permiso, etc.) y el encargado de la biblioteca es, como fácilmente se puede deducir, el responsable del funcionamiento de ésta, del archivo de libros y su préstamo y control, etc. Bien, pues estos profesores tendrán que dejar sus tareas reglamentadas y desatender al alumnado que se ha quedado transitoriamente sin profesor o ha de utilizar los servicios de biblioteca, para hacerse cargo de los hijos de quienes han decidido no cumplir la ley.

¿Qué pasará, con los alumnos de padres objetores, a final de curso, cuando tengan que repetir por no tener esta materia aprobada?

¿Cómo resolverán los Institutos, las guardias o el funcionamiento de la biblioteca?

Y qué más les da a los gobernantes “peperos”; el caso es seguir la consigna de don Mariano y de los Rouco Varela y compañía.

Los propios gobernantes autonómicos que deben de velar por el cumplimiento de las leyes, animan y facilitan su incumplimiento.

¿No podría ser la referida circular objeto de denuncia por incitación al incumplimiento de la ley? Señores fiscales, asociaciones de padres, sindicatos, pónganse las pilas.

La polémica sobre la educación para la ciudadanía, sólo se mantiene por un interés electoralista del PP y por motivaciones ideológicas auspiciadas por lo más reaccionario de la Conferencia Episcopal.

¿Cómo es posible que se niegue a un estado la posibilidad de enseñar a los alumnos las normas por las que se rige, los comportamientos que deben presidir las relaciones humanas en la comunidad, los valores que mantienen la estructura social? ¿Cómo se puede impedir, por más padre o madre que uno, que una sea, que el educando conozca sus derechos y obligaciones ciudadanas y los derechos y obligaciones de sus convecinos?

Sólo cabe una respuesta.

La jerarquía española de la Iglesia Católica sigue como en los tiempos en que llevaba al dictador bajo palio (honor que solo se le reservaba a la hostia consagrada) obcecada en que las normas morales las dicta ella y que la sociedad no es quién para darse sus propias leyes y establecer democráticamente los valores que han de regir las relaciones humanas. Para eso están ellos, autoproclamados representantes de dios en la Tierra y “democráticamente” elegidos por los fieles.

De todas las maneras, por más que se empeñaran los obispos, no ocurría tal intromisión si no hubiera un partido, el PP, que sacara rentabilidad política de ello y otro, el PSOE, que se va por los fondillos cada vez que tiene que ajustar los machos a los obispos.
¿Cuándo, de una (amable lector o lectora pon aquí el calificativo que más te apetezca) vez tendremos en este país una separación real entre Estado e Iglesia?

Ad calendas grecas, diría yo.